El fiscal en el juicio por la secesión en Cataluña califica que lo ocurrido en el año 2017 fue de «golpe de Estado».

Antes de que se iniciara el juicio de los líderes independentistas catalanes, circulaba entre algunos sectores jurídicos y los abogados defensores la teoría de que el fiscal iniciaría el juicio con las mayores acusaciones posibles, que luego se suavizarían cuando se presentaran las conclusiones definitivas. Ese momento llegó hoy, en el día 50 de un juicio que ha visto más de 400 testigos y tres meses y medio de procedimientos judiciales. Y esa teoría resultó ser muy equivocada.

Según el fiscal Javier Zaragoza, lo que ocurrió en otoño de 2017 en Cataluña fue «un golpe de estado». Fue, dijo al tribunal, la «sustitución de un sistema legal por otro por medios ilegales». Eso es lo que estaban tratando de hacer», dijo de los políticos que están siendo juzgados. «Derogar, suspender total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Ese fue el proceso», dijo, en referencia a la palabra catalana utilizada para referirse al impulso secesionista.

El fiscal ratificó así su acusación inicial de rebelión y puso sobre la mesa nuevas ideas y conceptos que no habían sido incluidos anteriormente en sus escritos o intervenciones ante el tribunal. Durante la hora que dedicó a presentar sus alegatos finales al jurado que decidirá sobre el caso, Zaragoza resumió los principales argumentos en contra de los acusados, y anticipó lo que los abogados defensores de los hombres y mujeres en juicio probablemente dirán la próxima semana cuando les llegue su turno para los alegatos finales.

«La razón por la que están siendo juzgados no tiene nada que ver con la criminalización de la disidencia política», dijo. «Las ideas políticas o las políticas que no son compatibles con el orden constitucional no están siendo perseguidas. La razón es nada más y nada menos que haber intentado liquidar la Constitución de 1978, un instrumento básico de nuestra convivencia. Habiendo atacado seriamente el orden constitucional a través de procedimientos ilegales». Zaragoza se refirió a uno de los acusados, Oriol Junqueras de la Izquierda Republicana Catalana (ERC) y al ex viceprimer ministro de Cataluña, como el «impulsor» de este proceso.

Con tono severo, el fiscal atacó una de las estrategias básicas de los abogados defensores: que los acontecimientos de 2017 -que vieron un referéndum ilegal sobre la independencia celebrado el 1 de octubre, seguido de una declaración unilateral de independencia aprobada en el parlamento regional- fueron un ejercicio legítimo de los derechos constitucionales, incluidos los de manifestación, protesta y libertad de elección.

Para la fiscalía, «la única violación de los derechos civiles que se está produciendo hoy en Cataluña es la que sufren y soportan estoicamente quienes defienden la Constitución». Zaragoza reprochó a los líderes independentistas que «se posicionaron al margen de la ley y se negaron rotundamente a negociar» para terminar culpando del conflicto institucional a los que cumplen las normas. «Este es un ejercicio de cinismo sin precedentes», dijo.

El fiscal argumentó que lo que ocurrió en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 fue «excepcional» y, como tal, justificado y merecía una respuesta jurídica contundente. «Seis mil policías fueron movilizados, y eso no es normal», continuó. «El rey[Felipe] tuvo que dar un discurso de gran importancia, lo que tampoco es normal. Y se utilizó el artículo 155 de la Constitución, algo que no se utiliza para un simple acto contra el orden público», dijo, en referencia a la cláusula constitucional utilizada por el gobierno central en Madrid para suspender los poderes autónomos de Cataluña, destituir a todo el gobierno regional y convocar nuevas elecciones.

«Estas circunstancias -decía Zaragoza- demuestran que lo que ocurrió fue un atentado contra el orden constitucional y no contra el orden público, por lo que no puede haber sido una sedición», dijo, en referencia a la menor acusación a la que se enfrentan algunos de los acusados.

Después de Zaragoza, los otros tres fiscales que intervinieron en la causa entraron en los detalles de los hechos atribuidos a los acusados y de las pruebas contra ellos que se han visto en el juicio. El fiscal Jaime Moreno presentó los argumentos para la existencia de la violencia, requisito indispensable para probar el delito de rebelión. También produjo una teoría que no se había escuchado antes. Argumentó que los 93 agentes de policía que resultaron heridos el 1 de octubre cuando trataron de impedir que se celebrara el referéndum ilegal no podían separarse de los aproximadamente mil ciudadanos que quedaron heridos a causa de la violencia policial. Afirmó que todos fueron víctimas de los mismos acontecimientos, de los que son responsables los líderes independentistas acusados de rebelión. «Nos enfrentamos a hechos que dejaron un saldo de 1.093 heridos», dijo Moreno.

Tres de las cuatro declaraciones de los fiscales se centraron en los delitos de rebelión. La cuarta se refería a la acusación de uso indebido de fondos. Los abogados argumentaron que el comportamiento de los principales acusados incluye todos los elementos básicos de este delito y no los de otros delitos, como la sedición, de la que son acusados por la Procuraduría General de la Nación, que responde directamente ante el gobierno.

Fidel Cadena, el último fiscal en hablar, se centró en la parte más técnica, que también tiene el mayor peso legal. Sostuvo que el proceso hizo uso de la «gestión de las masas», «el uso de los mossos» (una referencia a la policía regional, que ha sido ampliamente acusada de pasividad el día del referéndum ilegal), y de la «violencia suficiente» para lograr el objetivo de subvertir el orden constitucional. Estos elementos, continuó, justifican la aplicación del artículo 472 del Código Penal español. «La sedición afecta la calma pública; la rebelión, los cimientos del estado de derecho.» Cadena añadió que la violencia «es la clave» del delito, pero que la letra actual de la ley no «exige» un levantamiento armado o militar para que se haya cometido la sedición.

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