Nuevo jefe del ejército colombiano dirige la brigada investigada por asesinatos durante la guerra civil

En Colombia se están llevando a cabo investigaciones sobre presuntos abusos cometidos durante el prolongado conflicto civil que terminó oficialmente en 2016 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los militares han sido vinculados a asesinatos de civiles para aumentar el número de cadáveres y cumplir con las cuotas durante la lucha contra la insurgencia armada.

Los fiscales están investigando los asesinatos cometidos por fuerzas bajo el mando de funcionarios que recientemente han sido promovidos por el gobierno colombiano. Uno de ellos es el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, que fue nombrado comandante del ejército en diciembre.

Entre octubre de 2004 y enero de 2006, Martínez Espinel ocupó un alto cargo en una brigada que está siendo investigada por los fiscales por al menos 283 presuntas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y Cesar.

Al menos 23 de los casos examinados se remontan al período en que el general era el segundo al mando de las 10 brigadas. Los documentos presentados a EL PAÍS por fuentes cercanas a la investigación de los denominados «falsos positivos» (asesinatos de civiles inocentes que más tarde fueron retratados como insurgentes armados) describían procesos judiciales que arrojaban luz sobre las actividades de esta brigada. Martínez Espinel dice que sólo desempeñó funciones administrativas.

El miércoles, el Senado colombiano debe respaldar su nombramiento como alto comandante del ejército, cargo que le fue otorgado por el presidente Iván Duque en diciembre.

En mayo de este año, The New York Times informó sobre las nuevas directrices del ejército emitidas recientemente por el general Martínez Espinel que presionan a los oficiales para que mejoren los resultados de sus operaciones contra los grupos guerrilleros y paramilitares que quedan en el país. Estas órdenes han causado preocupación entre algunos oficiales debido al nuevo riesgo de muertes de civiles inocentes, como ocurrió a mediados del decenio de 2000.

Como resultado, la semana pasada, la Oficina del Inspector General de Colombia, una agencia de supervisión de funcionarios públicos, inició una investigación sobre estas recientes directrices y «la supuesta implementación de una política interna del ejército que podría ser similar a la que desencadenó los llamados `falsos positivos'».

Líder en muertes
Documentos vistos por EL PAÍS muestran que la X Brigada es mencionada en un informe del ex Fiscal General Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016) como ocupando «uno de los primeros puestos en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales» que tuvo lugar durante la guerra civil.

Los casos reportados en 2005, bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), implican al menos dos batallones de esta brigada en ejecuciones extrajudiciales, masacre de indígenas y violencia sexual.

El 21 de febrero de 2005, los soldados del batallón La Popa de la 10ª Brigada participaron en dos homicidios en asociación con el ahora desaparecido grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, según muestra un fallo judicial.

El 12 de mayo de 2005 dos soldados de este mismo batallón estacionado en el departamento de Cesar mataron a un individuo protegido, Dagoberto Cruz Cuadrados, quien fue «posteriormente presentado como muerto en combate». Doce años después, un fiscal reabrió el caso y ordenó el arresto de los responsables, que ya habían dejado el ejército para entonces.

Y el 14 de mayo de 2005 unos 30 soldados de La Popa participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, este último menor con discapacidad mental. Ambos también fueron presentados como muertos en combate. Siete soldados fueron condenados a 40 años de prisión por esos asesinatos.

Documentos vistos por EL PAÍS muestran que el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del ejército firmó una orden de recompensa de un millón de pesos (alrededor de 260 euros) por información que arrojó «excelentes resultados» contra supuestos insurgentes.

Este periódico se puso en contacto con el gobierno colombiano y con el equipo de Martínez Espinel, que hasta ahora se ha negado a hacer comentarios. En un comunicado, el ejército señala que «el comandante del ejército no se enfrenta a ninguna investigación, sanción u obstáculo por parte de los fiscales, el sistema de justicia penal militar o la Jurisdicción Especial para la Paz sobre cuestiones de derechos humanos que puedan impedirle ocupar cargos públicos».

Tormenta política
El ascenso de Martínez Espinel a jefe del ejército ha desencadenado una tormenta política en Colombia. El general siempre ha sostenido que respetaba los derechos humanos y que sólo tenía deberes administrativos durante el período en que prestó servicio en la 10ª Brigada.

Los documentos vistos por EL PAÍS no lo vinculan específicamente a ninguna operación procesada en los tribunales. Pero todas ellas tuvieron lugar mientras él era el segundo al mando.

El 21 de enero de 2006, dos días antes de que Martínez Espinel abandonara la brigada, un grupo de sus soldados mató a Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y Gaspar Cambar Ramírez; hirió a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina, y agredió sexualmente a Irene López Pushaina y Ligia Cambar Ramírez, según la fiscalía. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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