Los mitos perdurables en torno a la Ley de la Memoria Histórica de España

«Me hace sentir como si saliera de la cámara. He estado a punto de salir a tomar un trago y volver porque todo parecía tan absurdo», fue un comentario. Otro: «Este proyecto de ley es irrelevante y engañoso. Divide seriamente a la gente, reaviva odios, alimenta el deseo de venganza….»

Estos y otros comentarios se pudieron escuchar en 2006 en las Cortes españolas durante el debate sobre la Ley de Memoria Histórica, que, según un senador del Partido Popular (PP) que la vetó, causó más controversia y suscitó más sentimientos apasionados que cualquier otro instrumento legislativo en los últimos años.

Sólo el PP conservador y el Partido Republicano Catalán (ERC) votaron en contra, el primero porque no lo consideraron necesario y el segundo porque consideraron que no iba lo suficientemente lejos. Durante un período político en el que el parlamento dio luz verde a las leyes antitabaco, la naturalización de inmigrantes, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la reproducción asistida y la legislación sobre igualdad, el proyecto de ley que triunfó sobre el resto para la controversia, en lo que concierne al PP, es un proyecto de ley sobre el pasado. Y la controversia continúa.

No pasa un solo día en que algún miembro del PP o de Vox no utilice la Ley de Memoria Histórica para atacar al Partido Socialista (PSOE), que llevó el proyecto al Congreso. «Son un puñado de mestizos que están atrapados en la guerra de su abuelo y que constantemente hablan de esta o aquella tumba», dijo Pablo Casado poco después de convertirse en el líder del partido del PP. «No hay más tumbas que visitar, ni más divisiones que abrir entre los españoles», dijo de Pedro Sánchez después de haber visitado la tumba de Manuel Azaña, el último presidente de la República española entre 1936 y 1939.

El líder del PP cree que la ley es «dañina» y una «reescritura partidista de la historia». Ha confiado un proyecto de ley, llamado Ley de Concordia, a Adolfo Suárez Illana, el hijo mayor de Adolfo Suárez, quien se desempeñó como primer ministro durante la transición a la democracia después de la muerte de Franco en noviembre de 1975. Suárez Illana ha dicho que los españoles deben parte de su democracia a Franco porque «si no hubiera querido que la Transición se hiciera como se hizo, no se hubiera hecho así».

Los políticos de la derecha están basando sus cuestiones con la legislación de la memoria histórica en tres premisas: que significa la «aniquilación de la Transición», que divide al pueblo español y que trata de «reescribir la historia».

Sin embargo, el primer párrafo de la Ley de la Memoria Histórica es un homenaje al período de transición entre la muerte de Franco y la adopción de una democracia constitucional; el restablecimiento de los derechos de los perdedores y sus descendientes comenzó con la Transición. En respuesta a sus otros argumentos, desde el año 2000 se han abierto cientos de tumbas de guerra sin ningún incidente, en algunos casos con miembros del PP presentes e incluso en ocasiones con el apoyo financiero de ese partido; y por ahora, lo más cercano a la reescritura de la historia ha sido el polémico párrafo en el que el Tribunal Supremo se refería a Franco en una decisión legal como «jefe de Estado en 1936», el año en que comenzó la Guerra Civil, cuando Franco seguía siendo el líder del golpe de Estado militar.

A la muerte de Franco, las viudas que no habían recibido una pensión después de la muerte de sus maridos comenzaron a recibir sus cheques de pago. Y estas mismas viudas comenzaron a abrir las tumbas sin marcar donde yacían sus maridos sin la ayuda de los científicos, que es como se hace hoy en día; en cambio, ocasionalmente recibían la ayuda de los sacerdotes.

El balance de la memoria histórica de los últimos 40 años demuestra, como han indicado las Naciones Unidas en varias ocasiones, que todavía no se han abordado los aspectos básicos de la memoria histórica, a saber, la recuperación de los restos de quienes fueron ejecutados por fusilamiento y cuyos cadáveres aún yacen en fosas comunes y zanjas al borde de las carreteras. Después de Camboya, España ocupa el segundo lugar como el país con el mayor número de personas «desaparecidas»: 114.000 según las estimaciones de historiadores y familiares.


«Es un intento de aniquilación controlada de lo que significó la Transición», dijo el PP durante el debate sobre el proyecto de ley de memoria histórica, que fue aprobado en 2007.

La quinta palabra del proyecto de ley es de hecho «concordia» – concordia – el mismo nombre que el PP ha dado a su propio proyecto de ley, que los conservadores esperan que reemplace a la ley actual. En sus primeros párrafos introductorios, la ley dice: «El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más productivo que jamás hemos tenido, y explica las diversas medidas y derechos que se han reconocido desde el inicio de la era democrática a favor de las personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y del régimen dictatorial que siguieron durante las décadas anteriores a la Constitución».

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