Un conductor español finge un secuestro para encubrir que gasta todas sus ganancias en drogas y prostitutas

Un conductor español denunció a la policía que había sido secuestrado, obligado a entregar todos sus ingresos y forzado a consumir drogas en un club de sexo en Fuengirola, Málaga, en el sur de España. La policía arrestó al presunto secuestrador, pero una investigación, llamada Operación Camerita, reveló que el sospechoso era de hecho el compañero de bebida del hombre y que la historia había sido inventada para encubrir que se había gastado todas las ganancias de la noche en una noche salvaje. La víctima, resultó ser el sospechoso, y la historia real muy diferente a la reportada a la policía.

Pretender ser víctima de un delito puede conllevar una pena de prisión de hasta un año o una multa.

El hombre, que trabajaba como conductor de un servicio de transporte con licencia VTC, dijo a la policía en julio que un pasajero lo amenazó con un cuchillo y le ordenó que condujera a un burdel en Fuengirola, donde lo obligaron a tomar drogas. Una vez que se había gastado todo el dinero que había ganado esa noche, el hombre dijo que el cliente lo llevó a la casa de un «amigo» para vender su motocicleta y así poder seguir gastando dinero en «drogas y teniendo relaciones sexuales con las mujeres del club». Pero el secuestro no terminó allí. Según el conductor, fue obligado a subir a un taxi que lo llevó a él y a su presunto secuestrador a un garaje donde estuvo detenido durante varias horas.

Los oficiales investigadores han concluido que el conductor y el presunto secuestrador eran conocidos entre sí y que el conductor no fue retenido contra su voluntad en ningún momento. Más bien, entregó el dinero de la venta de la moto «voluntariamente» porque ese era el acuerdo que había hecho con su compañero de bebida. Pero posteriormente intentó justificar que había gastado sus ganancias de la noche y el dinero de la venta de la moto en una versión descabellada de los hechos.

La policía ha advertido de la gravedad de las falsas acusaciones, no sólo por el despilfarro de dinero público, sino también porque los recursos podrían emplearse de otro modo. Además, pretender ser víctima de un delito puede conllevar una pena de prisión de seis meses a un año o una multa, dependiendo de la gravedad de las acusaciones.

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