«Es una verdadera masacre» – Cómo las líneas eléctricas están matando a las aves de España

Águilas imperiales, avutardas, cigüeñas, búhos reales, quebrantahuesos y águilas perdiceras; es casi imposible encontrar una especie de ave, sobre todo rapaces (muchas de ellas protegidas), que no han llegado a su fin en las líneas eléctricas responsables de miles de muertes cada año en España.

El fiscal ha calificado las cifras de «intolerables» y ha enviado una misiva a las regiones criticando su respuesta pasiva al problema. Las autoridades regionales están siendo acusadas de no tomar medidas disciplinarias contra los propietarios de los cables eléctricos e incluso de obstaculizar la labor de los organismos ambientales que tramitan las denuncias tras encontrar los cadáveres de las aves.

«Es una verdadera masacre», dice Ernesto Álvarez, presidente del Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Indígena y su Hábitat (Grefa), que se ocupa diariamente del tema mientras vigilan los cables eléctricos en todo el país.

Esaú Escolar, vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Ambientales y Forestales (Aeafma), que realiza una labor similar en la región de Castilla y León, está de acuerdo, y añade que las autoridades «ponen muchos obstáculos en el camino» a la hora de sancionar a los propietarios de los cables eléctricos.

La misiva enviada la semana pasada a las autoridades regionales fue elaborada por el fiscal del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher. El departamento abrió un caso al respecto en 2017. Pero, después de varios años de pedir información a las autoridades regionales, se ha llegado a la conclusión de que, «salvo excepciones admirables, se puede decir que las autoridades no han iniciado acciones disciplinarias competentes para conocer el significado legal potencial de la muerte de las aves por electrocución o colisión con los cables eléctricos».

El fiscal también señala que para justificar la falta de acción, algunas autoridades han dicho que consideran que estas muertes son accidentes, por lo que, en su opinión, la acción disciplinaria no ha sido una opción. Según el documento al que accedió EL PAÍS, otros alegan que las compañías eléctricas han aceptado reparar los cables defectuosos, lo que significa que no pueden tomar medidas disciplinarias.

Según un informe, 33.000 aves rapaces mueren cada año a causa de los cables eléctricos.

Sin embargo, el fiscal refuta estos argumentos y señala que en la provincia de Albacete, en el centro de Castilla-La Mancha, las autoridades han iniciado acciones disciplinarias en estos casos y los tribunales se han puesto de su parte en seis ocasiones.

El fiscal también se refiere a la falta de recursos, tanto humanos como materiales, en los centros de recuperación, que dicen que el número de aves muertas por electrocución y colisión es «alarmantemente alto».

Según un informe del anterior Ministerio de Medio Ambiente, 33.000 aves rapaces mueren cada año por culpa de los cables eléctricos, mientras que otro estudio de la Fundación Amigos del Águila Imperial sitúa el número total de muertes de aves entre 192.000 y 337.000.

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