España, a la cola de Europa en fiscalidad verde

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MILAGROS PÉREZ OLIVA

 

Los impuestos sirven para dos cosas: recaudar fondos y tratar de orientar la actividad económica hacia determinados objetivos. La necesidad de proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático ha llevado a intensificar en los últimos años la llamada fiscalidad verde. En este caso, el segundo objetivo es tan importante o más que el primero. Se trata, por supuesto, de recaudar y así poder invertir en la transición hacia energías limpias, pero también de estimular, por la vía de incentivos o penalizaciones fiscales, que las decisiones que adoptan empresas y particulares se orienten a la protección del medio ambiente.

España no solo figura entre los países de la UE que menos utilizan la fiscalidad verde, sino que subvenciona y ofrece exenciones tributarias a actividades altamente contaminantes, como las ayudas al carbón o a la compra de combustibles fósiles, lo que le ha valido una severa amonestación de Bruselas. Aparecer en el tercer puesto por la cola —detrás de Lituania y Eslovenia— en ingresos por impuestos verdes no es para sentirse satisfecho. En 2014 estos impuestos apenas aportaron 19.200 millones de euros, el 1,85% del PIB, cuando la media de la UE fue del 2,46%. Que la mitad de lo recaudado lo aporten las familias, a través de la factura de la luz o al llenar el depósito del coche, indica además un tratamiento fiscal socialmente muy descompensado. La industria, incluidas las empresas energéticas, apenas aporta el 18,9% de lo recaudado.

El mayor peso impositivo debería recaer sobre las actividades más dañinas para el medio ambiente. Solo así se inducen los cambios necesarios para reducir las emisiones. Pero los nuevos impuestos verdes introducidos por el Gobierno español son más cosméticos que reales. El informe de la UE es demoledor: analizado su impacto, concluye que tienen escasos resultados prácticos. Especialmente anómalo resulta que la gasolina tribute más que el diésel, cuando este es mucho más contaminante. Esa errónea política ha llevado a que el 63% de los vehículos que se matriculan en España sean diésel, cuando el promedio de la UE es del 55%.

La elevada proporción de coches diésel es la causa de que haya aumentado la contaminación en las zonas urbanas. Nada menos que 130 ciudades europeas, entre ellas Madrid y Barcelona, incumplen las normas comunitarias de calidad del aire, lo que tiene graves efectos sobre la salud de sus habitantes. En el futuro, será inevitable reducir la presencia de coches diésel. Estimular ahora su compra con una fiscalidad favorable supone un contrasentido que acabarán pagando tarde o temprano quienes se dejen llevar por el cálculo inmediato. Más pronto que tarde se prohibirá o restringirá la circulación de los vehículos más contaminantes.

Bruselas insta al Gobierno español a aumentar la fiscalidad del diésel y aplicar nuevos impuestos ambientales, pero este se resiste. Hace años que vamos a contracorriente en un asunto en el que los errores se pagan, multiplicados, mucho tiempo después. Es hora de exigir un cambio de política y los partidos de la oposición tienen mucho que decir al respecto.

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