La (casi) absoluta imposibilidad de un pucherazo electoral en España

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Como consecuencia de la discrepancia entre los resultados del pasado 26J y lo que pronosticaban las encuestas, las redes sociales han difundido mensajes que alertan sobre la posibilidad de que se hubiera producido un fraude electoral, aunque ningún partido ha participado en estas teorías. El sistema tiene controles técnicos y humanos que impiden que haya un pucherazo significativo, es decir, una alteración masiva del resultado.

No es imposible que se puedan producir errores involuntarios, pequeñas alteraciones en el cómputo o algún cambio en el recuento de votos, pero es altamente improbable que haya un vuelco de gran calado. Las personas que forman parte de las mesas electorales se eligen aleatoriamente y sería difícil que se pusieses de acuerdo para alterar los resultados. Además, los interventores y apoderados de las formaciones políticas están presentes durante toda la jornada electoral y también asisten al recuento.

Por otro lado, la supuesta manipulación por parte de Indra, la empresa que se ocupa de la gestión informática del proceso, tampoco tiene visos de realidad porque los resultados que esta empresa traslada a la red son provisionales y luego se tienen que ver refrendados por los analizados en las juntas electorales, que son los oficiales.

El escrutinio

El recuento es público y, por tanto, puede acceder cualquier ciudadano, aunque sin el derecho a formular reclamación o protesta alguna. Una vez abierta la urna el presidente de la mesa extrae, uno a uno, los sobres, los abre, lee cada papeleta en voz alta y la muestra a vocales, interventores y apoderados. Si estos últimos tienen dudas pueden pedirla para examinarla.

Una vez realizado el conteo, el presidente anuncia el resultado en voz alta y traslada los datos a las actas de escrutinio. Este documento es firmado por el presidente, los dos vocales y los interventores de las candidaturas. Cada uno de ellos se queda con una copia, se coloca otra en la entrada del local electoral y se le proporciona otra el representante de la Administración.

En estas actas se incluyen los siguientes datos: número de electores censados, número de votantes, número de votos nulos, número de votos en blanco, número de votos obtenidos por cada candidatura, en el caso de elecciones al Congreso de los Diputados, o por cada candidato o candidata, en el caso de elecciones al Senado.

Las papeletas se conservan hasta que se comprueba que su número coincide con el de electores anotados en la lista numerada de votantes, es decir, la lista en la que los miembros de la mesa van apuntado a todas las personas que votan. Sólo después se destruyen todas las papeletas salvo las nulas y las que han sido objeto de alguna reclamación. El presidente de mesa, que puede ser acompañado de un vocal, los interventores que lo deseen y un agente de la policía, las traslada al juzgado que corresponda.

Si el número de sobres no coincide con el de electores anotados durante la jornada, se puede repetir el recuento tantas veces como sea necesario y siempre bajo la supervisión de los representantes de los partidos. Si sigue sin haber coincidencia es el presidente, considerado máxima autoridad en el local electoral, el que puede decidir qué hacer.

Si algún interventor no está de acuerdo lo puede indicar por escrito en el acta de escrutinio. Y ahí será la junta electoral correspondiente la que decida qué hacer. En el caso de que el resultado de esa mesa pudiera ser determinante para el resultado electoral –por ejemplo, haciendo bailar un escaño– podría llegar incluso a repetirse la elección y que los electores asignados a esa mesa electoral serían llamados a votar de nuevo.

La empresa del sistema informático

La Administración contrata a una empresa para que procese los datos provisionales y se puedan ir haciendo públicos en la misma noche de las elecciones, pero no para que cuente las papeletas. Hay que tener en cuenta que la publicación oficial de los resultados electorales se realiza en el Boletín Oficial del Estado, hasta cuarenta días después de las elecciones.

De hecho, una vez que cada mesa electoral ha realizado el recuento siguiendo el procedimiento citado anteriormente, es el representante de la Administración –un funcionario o un empleado público– el que introduce los datos en un dispositivo electrónico (tableta, ordenador…) facilitado por Indra. Esa información se procesa en el Centro de Difusión de Datos de Madrid y se va volcando en la página web creada para cada elección, en la que se recoge de forma explícita que se trata de resultados provisionales.

Los únicos datos realmente oficiales, y que aparecerán publicados en el Boletín Oficial del Estado, son los que sistematiza la Junta Electoral Central (JEC) a través de las actas entregadas en los juzgados por los presidentes de mesa en la noche de las elecciones. Este recuento oficial se lleva a cabo en las Juntas Electorales Provinciales, que están compuestas por tres vocales magistrados de la Audiencia Provincial y dos vocales nombrados por la Junta Electoral Central entre catedráticos y profesores titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología o juristas de reconocido prestigio residentes en la provincia.

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