La UE afirma que los medios de comunicación españoles no son independientes

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La información que ofrecen los medios de comunicación españoles se encuentra amenazada por diversos factores políticos y económicos que suponen un serio riesgo para su transparencia y su veracidad. Un informe, elaborado por el Instituto Universitario Europeo y cofinanciado por la UE, pone el acento sobre la poca claridad que existe acerca de los criterios del reparto de publicidad institucional y sobre la consabida falta de independencia de empresas públicas de noticias.

Dentro de un sector sometido históricamente a presiones políticas, empresariales y profesionales, este estudio alerta especialmente sobre los riesgos que amenazan a la pluralidad de la prensa, la radio y las televisiones en España, que sitúa en este concepto a la cola de Europa junto a Polonia, Lituania, Luxemburgo y Finlandia. También avisa del peligro que supone para la pluralidad de estos negocios y para la libertad de expresión algunas de las leyes españolas. Entre las más polémicas, sitúa a la conocida como ‘Ley Mordaza’.

La principal asignatura pendiente es la falta de una norma que prohíba expresamente la propiedad cruzada de medios de comunicación. Es decir, que una misma persona controle varias empresas dentro del sector y tenga la capacidad de moldear la opinión pública en función de sus intereses. En este sentido, reconoce que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de una “posición privilegiada” para evitar los efectos negativos que generan las concentraciones de medios. Sin embargo, incide en que en algunas ocasiones no ha aplicado las normas “estrictamente”.

Uno de los datos que el estudio toma como referencia para advertir de los riesgos de falta de pluralidad en España es que el 58% del mercado está controlado por sólo tres empresas. “La propiedad de medios cruzados causa una gran preocupación a los autores del estudio, ya que no existen reglas que la eviten” ni parece que a corto plazo se vayan a plantear, precisa el trabajo, que también denuncia la falta de transparencia sobre la propiedad de los periódicos escritos y digitales.

El informe también denuncia la falta de independencia del poder político por parte de los medios de comunicación de titularidad estatal. Los autores lamentan, en este sentido, que el Gobierno cambiara la ley en 2012 para poder nombrar al presidente y a los consejeros de Radiotelevisión Española sin necesidad de alcanzar un consenso político con las demás fuerzas parlamentarias.

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